La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado es uno de los momentos clave del ciclo político anual. Aún siendo presentados por el ejecutivo necesitan de su aprobación por las cámaras. Esto dificulta el proceso (aunque también lo legitima), sobre todo cuando se requiere de pactos entre partidos para su aprobación, así ocurre en la actualidad. Previsto un veto en el Senado bastante probable, de los 263 senadores el PSOE sólo tiene 104, siendo 124 del PP, 16 del grupo parlamentario “Entesa catalana de progrés” (PSC/ ER/ EUA/ICV), 7 el Grupo Parlamentario per Cataluña de CIU , 4 de senadores nacionalista vascos y 8 del grupo mixto. Este veto en el Senado supondría la necesidad de que el Congreso de los Diputados tiene que salvarlo con mayoría absoluta. Aquí aparecen los problemas, ya que el PSOE necesitará pactar para lograr 7 diputados y así poder salvar el veto y aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Si de por sí es imperioso aprobar unos Presupuestos Generales del Estado por cada ejercicio en éste en particular evitar una prórroga de los anteriores es vital ya que los anteriores se hicieron sobre una percepción de la economía bien distinta, por su optimismo, a la presente. En definitiva una prorrogación de los Presupuestos Generales del Estado sería fatal.
Para aprobar los Presupuestos Generales del Estado el Congreso necesita mayoría absoluta tras el veto en el Senado. Si el Congreso de los Diputados tiene actualmente 350 diputados y el PSOE tiene 169 diputados necesita alcanzar los 176, la mitad más uno. El apoyo más útil sería el del Grupo Parlamentario de CIU el cual consta con 10 diputados. Quedan otros apoyos, pero menos factibles o insuficiente, es decir que requeriría de más pactos. La izquierda en general, tanto nacionalista como Izquierda Unida tomarían, en mi opinión, posturas de negación de los presupuestos en pos de una mayor inversión social, así mantendrían un distanciamiento con la izquierda que supone el PSOE y, a su vez, reafirmarían su condición crítica con todas las políticas económicas que está haciendo hasta el momento el PSOE.
El apoyo más razonable sería el de CIU. Pero éste se encontraría supeditado a la negociación del sistema de financiación autonómica. A no ser que el PSOE lograra hacer entender a CIU la diferenciación entre los Presupuesto Generales del Estado y la financiación autonómica, algo imposible porque en estos casos la lógica más útil es la del chantaje y eso lo sabe bien CIU. Esta situación es sintomática de un problema que viene sufriendo España desde el origen de su institucionalización como democracia y sistema territorial: el bilateralismo. La financiación autonómica concierne al conjunto del territorio y se requiere que todos los gobiernos territoriales puedan participar en su establecimiento sin que pueda haber territorios que tengan ventajas o puedan hablar más alto que los demás. Nunca he pensado que se le debiera quitar la capacidad de participar en el Congreso de los Diputados a los partidos nacionalista, y mucho menos mientras no se establezca un Senado realmente territorial y con poder. Aunque tampoco negaría una circunscripción única para elecciones generales porque los partidos nacionalistas perdieran su participación en el Congreso. Pero lo que tampoco he creído nunca es que por tener participación en el Congreso de los Diputados los partidos nacionalistas puedan tener ventajas en la negociación de asuntos que afectan a todas las Comunidades Autónomas. En la actual coyuntura esto supone que si una mariposa mueve un ala en Cataluña tengamos huracanes en España. El actual asunto de la financiación territorial ejemplifica a la perfección las carencias de un sistema territorial deficiente, sin una verdadera articulación de su conjunto, es decir foros que realmente sirvan para la negociación entre territorios y niveles de gobierno. Estas carencias a su vez se convierten en foros alternativos para la negociación, foros que distorsionan y perjudican. Estos foros alternativos son los partidos políticos y los medios de comunicación. El debate se traslada sin que se trasladen las partes interesadas. Los asuntos que deberían negociarse en un foro en el cual participen todas la Comunidades Autónomas se discuten en los medios de comunicación lo cual se hace desde el sensacionalismo y la tergiversación interesada de los medios o bien se discuten en el seno de los partidos políticos los cuales no son los territorios aunque a veces lo parezcan. A veces incluso podemos ver como ambos foros se superponen, intercambiándose opiniones y artículos los distintos líderes del PSOE desde el periódico de El País.
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